1 de marzo de 2024
Colombia: asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez
El 23 de febrero, la líder social y defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez fue asesinada a tiros por un grupo de hombres armados no identificados mientras se encontraba en su casa en la localidad de Florencia, Caquetá.
Ludivia Galíndez era una defensora de derechos humanos de La Montañita y presidenta de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de la misma comunidad. Trabajó con las comunidades en el proceso de orientación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. También fue miembro de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer Colombiana (ASODEMUC) y del Comité Permanente de Derechos Humanos. (CPDH). A través de estos espacios, el líder comunitario impulsó el desarrollo de las comunidades del Caquetá y el respeto a los derechos humanos en la región.
La noche del 23 de febrero, un grupo de hombres armados no identificados mató a tiros a la defensora desde las rejas de su casa, justo después de que el equipo de protección que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (UNP) abandonara el lugar. Uno de sus hijos también resultó herido, pero recibió atención médica inmediata.
La defensora de derechos humanos había denunciado anteriormente las amenazas que venía recibiendo contra su vida. En 2018 fue desplazada de su casa en Miramar, La Montañita, debido a las amenazas de remanentes de grupos armados organizados (GAOR) por haberlos acusado ante la CPDH de cometer violaciones de derechos humanos en la región. Esta situación de desplazamiento también derivó en su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno de Colombia. La defensora se radicó junto con su esposo e hijos en la localidad de Florencia, donde ocurrió su asesinato.
En septiembre de 2023, ante la persistencia de las amenazas en su contra, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un esquema de protección por una duración de 12 meses, el cual consistía en un vehículo, dos guardias, así como un dispositivo de comunicación y un chaleco antibalas. En la decisión, la UNP señaló que la defensora había denunciado previamente las amenazas que recibió, las cuales estaban siendo investigadas en la Fiscalía General de la Nación. Esto, sumado a la inclusión en el RUV, por las amenazas y desplazamiento forzado, justificó la decisión de determinar que la defensora se encontraba en una situación de riesgo extraordinaria derivada de su labor como líder social, por lo que se otorgaron y brindaron las medidas de protección.
Actualmente, los familiares de la defensora de derechos humanos informan que se encuentran en una situación de alto riesgo al haber presenciado el asesinato y al continuar viviendo en la misma casa donde ocurrió el hecho temen represalias. El esposo y los hijos de la defensora de derechos humanos han solicitado a la UNP que se les reasignen las medidas de protección.
Front Line Defenders condena el asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez, y expresa su preocupación por los actos de agresión hacia mujeres defensoras de derechos humanos, ya que está vinculado a su legítima actividad en defensa de los derechos humanos, particularmente ante la presencia de criminales armados. grupos. Front Line Defenders también expresa su preocupación por los recurrentes ataques contra defensores de derechos humanos que han recibido medidas de protección por parte de las autoridades.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Colombia a :
Condenar públicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez;
Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez , con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley colombiana ;
Otorgar inmediatamente medidas de protección y apoyo en favor de los familiares de la defensora de derechos humanos Ludivia Galíndez;
Tomar para poner fin a los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos en Colombia, para que puedan continuar sus actividades en defensa de los derechos humanos sin temor a medidas de represalias, de conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.