Por Antero Flores-Araoz
Nuestra
Policía Nacional, tiene la obligación constitucional y legal de
resguardar el orden público y de recuperarlo cuando él ha sido
afectado, lo que puede cumplir con el apoyo de las Fuerzas Armadas o
sin él, según decisión a cargo del Gobierno Central.
La
obligación antes enunciada, se debe cumplir en tiempos de paz al
igual que cuando se ha declarado por el Poder Ejecutivo algún estado
de excepción, como puede ser el de emergencia o el de sitio.
Los
estados de excepción se declaran ante graves afectaciones del orden
público, que requieren su contención por parte del Estado y por
supuesto su superación y vuelta a la normalidad, para lo cual es
indispensable que las fuerzas del orden salgan airosas en su
cometido.
Sin embargo, y hay que decirlo claramente, en los
últimos años se ha impuesto la desidia desde el Sector Público,
cuando no su miedo, diría que hasta pánico, pues se ordena a la
Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, repeler las agresiones sin
armas, con solo protección muy relativa y con elementos “no
letales” que para poco o nada sirven, pues como hemos observado,
dejaron de ser disuasivas. El resultado es de esperarse, pues saldrán
airosos y victoriosos los revoltosos, los vándalos, los terrucos,
los violentistas, y los delincuentes que quieren generar el caos para
apropiarse del Estado y salir campantes en su propósito.
La
pregunta que seguramente tiene en mente el apreciado lector de esta
columna es ¿a qué le tienen temor las autoridades gubernamentales?
La respuesta es fácil, tienen pánico de que les abran
investigaciones, acusaciones y procesos judiciales por el empleo de
la fuerza, cuando ella genera daños no queridos, afectando la vida o
la integridad de los violentistas como de irresponsables
espectadores, que se exponen a ser alcanzados por proyectiles de los
bandos en beligerancia.
Esos procesos, como lo hemos visto
muchas veces, duran una eternidad y a los acusados nadie los
defiende. Dicen que para muestra un botón, pues bien van dos: la
acción de recuperación de la residencia del embajador de Japón,
llamada Chavín de Huántar, su procesamiento judicial duró
diecisiete años y el correspondiente a la recuperación del
“Frontón” lleva ya 38 años y no concluye. Ya es hora que la
Fiscalía y la Judicatura actén cumpliendo estrictamente con los
plazos.
Pero hay más, que explican los temores, como es la
teoría de la responsabilidad mediata por simple línea de mando, así
no se hubiera ordenado el uso indiscriminado de la fuerza. Por
el solo hecho de ser jefes superiores de quienes han actuado en los
escenarios de violencia, se les puede sancionar, así no hubieren
dado órdenes represivas.
Como vemos no solamente se exhorta a
la autoridad civil a ser responsables y no enviar
al cadalso a nuestras fuerzas del orden, al disponerse su actividad
desarmados, sino también a cierta prensa que le hace el juego a los
violentistas y está dale que dale con que sus Derechos Humanos son
lesionados. La Policía y las Fuerzas Armadas también tienen
Derechos Humanos, no lo olviden.
BASTA DE IRRESPONSABILIDAD