Argentina 2017/2018
Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a
un aborto legal. Se siguió criminalizando y discriminando a los pueblos
indígenas. Los derechos de las personas migrantes sufrieron retrocesos
importantes.
Información general
La situación de Argentina en materia de derechos humanos
se sometió al examen periódico universal de la ONU y al examen del Comité de
las Naciones Unidas contra la Tortura. El Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de la ONU, el experto independiente de la ONU sobre orientación
sexual e identidad de género y el relator de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para Argentina visitaron el país durante el año.
En noviembre, el Congreso aprobó la ley nacional de
paridad de género.
Derechos sexuales y reproductivos
Las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para
acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando
era consecuencia de una violación. La despenalización plena del aborto estaba
pendiente de aprobación en el Congreso de la Nación.
Violencia contra las mujeres
Según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre
se registraron al menos 254 feminicidios. El Instituto Nacional de las Mujeres
y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres para el periodo 2017-2019 parecían carecer de
los recursos necesarios para su implementación plena.
Derechos de los pueblos indígenas
La mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban
con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la
Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos
naturales.
En enero, la policía local y miembros de la Gendarmería
Nacional Argentina (GNA), una policía federal militarizada, cerraron todos los
puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof
en Resistencia, en la provincia de Chubut. La comunidad denunció ataques de las
fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas.1 Se detuvo al menos a 10 miembros de la
comunidad y personas que los apoyaban. En agosto, la GNA llevó a cabo una
operación ilegal en esa misma comunidad, durante la cual desapareció Santiago
Maldonado, persona no indígena que apoyaba al pueblo mapuche. En octubre se
encontró su cadáver en un río en ese mismo territorio. La investigación
judicial sobre su muerte seguía en curso al concluir el año.
El gobierno provincial de Neuquén y los sindicatos y la
industria del petróleo elaboraron un plan de inversión para el yacimiento
petrolífero de Vaca Muerta, situado parcialmente en tierras de la comunidad
indígena del Lof Campo Maripe, sin contar con la participación de esa
comunidad.
Las autoridades emplearon procedimientos judiciales para
intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de
sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio.
Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa,
pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28
procesos penales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de
Migraciones de 2004 para limitar los derechos de entrada y residencia y
potencialmente acelerar las deportaciones.
Once años después de su aprobación, la Ley de Asilo aún no
se había reglamentado plenamente, y la Comisión Nacional para los Refugiados no
contaba con un presupuesto específico. El sistema de recepción de solicitantes
de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración
vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder
a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el
aprendizaje del idioma.
Aunque Argentina se comprometió en 2016 a recibir a 3.000
personas refugiadas sirias, no se había creado ningún programa de
reasentamiento. Menos de 400 personas refugiadas sirias se habían beneficiado
de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias.
Impunidad
Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios
juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen
militar de 1976-1983. Entre 2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con
lo que el número total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones
ascendió a 74.
En julio, la Cámara Federal de Mendoza emitió un dictamen
histórico que condenaba a prisión perpetua a cuatro exmiembros del poder
judicial y les impedía ocupar cargos públicos por contribuir a la comisión de
crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar.
La Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Luis Muiña
(que fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad) y estableció que
cada día cumplido en prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona
en cuestión permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena. El
Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la conocida como
“fórmula del 2x1” podía no ser aplicable a crímenes de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra.2
Continuaban las audiencias judiciales públicas en el caso
del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Un decreto gubernamental
emitido en abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad
Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual ponía en peligro la
independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las
pruebas.
Libertad de expresión y de reunión
Durante una manifestación por el Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, se produjeron detenciones indiscriminadas. Muchas mujeres
denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas
policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por
completo.
En abril se reprimió con violencia a docentes que se
manifestaban en reclamo de salarios justos. Las personas que participaban en la
manifestación denunciaron que las fuerzas policiales habían empleado gas
lacrimógeno y las habían golpeado mientras las fuerzas armadas miraban sin
intervenir. Al menos cuatro docentes fueron detenidos.
En septiembre, 31 personas fueron violentamente detenidas
y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de policía de la
capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación masiva tras la
desaparición de Santiago Maldonado. Las personas detenidas denunciaron que las
habían golpeado, y a algunas mujeres las habían obligado a desnudarse.
En diciembre, una multitud de manifestantes tomó las
calles de Buenos Aires para expresar su desacuerdo con una reforma legislativa
propuesta por el gobierno. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo
denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas.3
No se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la
liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala. En agosto, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que Argentina brindara a
Milagro Sala la posibilidad de cumplir arresto domiciliario u otras
alternativas a la prisión. Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que
las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales.
1.
Argentina: Represión y violencia contra pueblo
mapuche (AMR 13/5477/2017)
2.
Argentina: Amnistía Internacional repudia la
aplicación del 2x1 a delitos de lesa humanidad y estará presente en Plaza de
Mayo (noticia, 9 de mayo)
3.
Argentina: Autoridades deben garantizar protesta
pacífica e investigar violaciones a derechos humanos tras represión frente al
Congreso de la Nación (noticia, 15 de diciembre)